España reclama a Bruselas que incluya un "fondo común" en su plan de vivienda y que priorice la destinada a "vivir en ella"

toda la UE, como ya pasa en el caso español, y que se cree un fondo común destinado a vivienda asequible. Así lo ha expresado este lunes en la capital comunitaria la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que también ha pedido que la Comisión Europea ponga sobre la mesa herramientas "para frenar el fraude de los alquileres de corta duración".

De este modo, los países de la Unión han pactado -con 26 votos a favor- las conclusiones sobre el tema que pondrán sobre la mesa de la Comisión para que las incluya en el plan de vivienda asequible que se presentará, presumiblemente, el próximo 16 de diciembre. Eso sí, las capitales piden a Bruselas que entienda que no hay una solución mágica a la crisis que se está viviendo.

"Un plan europeo de vivienda asequible debe apoyar a los Estados miembros y respetar los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, así como los diferentes modelos de vivienda asequible", ha explicado la presidencia danesa del Consejo, que pide que también se ponga el foco en la accesibilidad para las personas con discapacidad y en la lucha contra el sinhogarismo. Es decir, que "no se olvide que esta crisis tiene un importante componente social".

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Desde el lado español, Rodríguez ha insistido en los tres ejes que ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última cumbre del Consejo Europeo, donde se abordó por primera vez la crisis habitacional. El primero de ellos "es acompañar a la normativa para priorizar la vivienda para vivir, es decir, evitar otros usos de las viviendas que no sean el residencial, como estamos haciendo en España, combatiendo alojamientos turísticos ilegales, proponiendo incrementos fiscales también para agravar los mismos o acabando con las vueltas en misa", expuso la ministra.

En segundo lugar, añadió, "nuestra propuesta es que tenemos que articular también palancas que nos permita la normativa europea para atender de manera diferenciada aquellas zonas del territorio donde la crisis tiene una especial intensidad, lo que nosotros hemos denominado zonas de mercado tensionado y que se traduce en las grandes ciudades españolas donde se observa esa tensión en el mercado del alquiler". Ahí mencionó situaciones como las de Canarias o Baleares, y fue donde reclamó a Bruselas acciones para frenar los alquileres de corta duración.

Por otro lado, el Gobierno reivindica que el próximo plan europeo de vivienda "venga consignado con los fondos necesarios y suficientes para seguir ampliando el parque de vivienda público en nuestro país", sostuvo la titular de Vivienda, que puso como ejemplo los fondos de recuperación pospandemia. "Creo que este es el camino para conformar ese parque público y blindarlo para siempre". Ahí el esfuerzo, avisó, tiene que ser europeo.

Mensaje para el Gobierno de Ayuso

En este sentido, defendió los pasos que ha ido dando España, expuso, para frenar la crisis, por ejemplo con la eliminación de las llamadas Golden Visa o el hecho de que se esté debatiendo en el Congreso una medida para gravar la compra de vivienda con fines especulativos. "La dirección contraria es aquellos que promueven o que hacen un llamamiento a los inversores a comprar vivienda por manzanas. Ya no dos, tres, cuatro viviendas, sino prácticamente barrios enteros como está sucediendo en la Comunidad de Madrid", comentó la ministra, con un reproche directo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En una coincidencia con sus socios europeos, por otro lado, Rodríguez urge a Bruselas también a "poner el foco de las políticas sociales en el desafío que supone actualmente el acceso a la vivienda" y a "no supeditar los objetivos sociales a las metas económicas".

No obstante, la foto que se saca de los análisis recientes elaborados precisamente por el Consejo de la UE no es nada optimista: un informe publicado por la institución el pasado mes de octubre desveló que la crisis de vivienda "es ya un problema estructural". Tanto es así que en diez años (entre 2015 y 2025) los precios de la vivienda subieron un 60,5% en promedio, con aumentos extremos en Hungría (237%), Lituania (147%) y Portugal (147%), mientras que Italia (donde cayeron un 1%) y Finlandia (con una bajada de un 0,4%) fueron las excepciones en el bloque comunitario.

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Además, en 2024, los hogares europeos destinaron un 19,2% de su renta disponible a la vivienda, y el 9,8% de los habitantes urbanos gastaron más del 40%. La escasez de oferta, los altos tipos de interés y los costes energéticos han hecho que uno de cada diez hogares no pudiera pagar su alquiler o hipoteca a tiempo. El foco, con todo, se pone en las grandes ciudades: Madrid y Barcelona (74%) están en la cabeza de grandes urbes donde más porcentaje de la renta se destina al alquiler, solo superadas por Lisboa y un poco por encima de Milán, Roma o Dublín. Con esos datos el plan de vivienda asequible de la Comisión, anunciado hace un año ya por Ursula von der Leyen, se ha vuelto más urgente que nunca.